Un joven de 19 años quedó imputado y con prisión preventiva en Cafayate, acusado de comercializar drogas desde su vivienda. Lo llamativo del caso es que la investigación había comenzado sobre otra persona, pero las tareas realizadas por los investigadores permitieron identificar al ahora acusado como el presunto responsable de la actividad.

La imputación fue formalizada por la Fiscalía Penal de Cafayate, que lo acusa del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, solicitó que permanezca detenido durante 45 días al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La causa se inició a partir de actuaciones de la División Drogas Peligrosas de Cafayate. Con el avance de las tareas de inteligencia, vigilancias, consultas a bases de datos, relevamientos en redes sociales y entrevistas reservadas, los investigadores concluyeron que el sospechoso operaba desde una vivienda ubicada en el pasaje Santa Rosa de esa ciudad.

Durante varios días, el personal especializado observó reiteradas maniobras compatibles con la modalidad conocida como "pasamanos", además de un constante ingreso y salida de personas del domicilio, con intercambios breves que, según la investigación, serían compatibles con la venta de sustancias prohibidas.

A esto se sumaron testimonios reservados de vecinos, quienes señalaron que el joven era conocido en la zona por dedicarse a esa actividad.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó el pasado 1 de julio. En el procedimiento se secuestraron dos balanzas de precisión, un picador metálico, recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de sustancias, cinco envoltorios con marihuana, un cigarrillo armado con la misma sustancia y un teléfono celular.

Las pruebas realizadas sobre el material incautado confirmaron que se trataba de cannabis, con un peso aproximado de 22,2 gramos.

 

La Fiscalía sostiene que las pruebas obtenidas permiten inferir que el joven desarrollaba una actividad sostenida de comercialización desde su domicilio. Durante los próximos 45 días continuará la investigación con nuevas medidas, entre ellas el análisis del teléfono secuestrado, la toma de declaraciones testimoniales y la identificación de posibles compradores.