La Corte Suprema de EEUU rechazó restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento que pedía el presidente Donald Trump, uno de los casos más importantes de las últimas décadas para el alto tribunal.

En una decisión histórica, por 6 votos contra 3, los magistrados detuvieron el intento del presidente de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificándolo de flagrantemente inconstitucional y fuera de lugar. 

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’“, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en nombre del pleno, citando el debate en el Congreso sobre la enmienda. ”Hoy mantenemos esa promesa”, sostuvo.

La garantía constitucional quedó consagrada en la 14ª Enmienda y fue ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados tras la Guerra Civil, pero desde entonces se aplica a toda persona nacida en territorio estadounidense o sus territorios.

La enmienda estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

Cuando asumió el cargo en enero de 2025, Trump firmó un decreto presidencial que estipulaba que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encontraran en el país ilegalmente o con visados temporales no adquirirían automáticamente la ciudadanía estadounidense.

La Corte Suprema de EE.UU. rechazó restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento . (Foto: AP /Mariam Zuhaib)

La orden ejecutiva, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración contra la inmigración.

La decisión era un desafío a toda la jurisprudencia en vigor desde finales del siglo XIX, cuando en el caso Wong Kim Ark de 1898 se determinó que el hijo nacido en Estados Unidos de nacionales chinos era ciudadano.

Hasta cuatro instancias judiciales inferiores a la Corte Suprema habían declarado el decreto de Trump inconstitucional y la medida no había entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

Se estima que la decisión hubiese afectado a 150.000 niños nacidos anualmente en Estados Unidos de padres no ciudadanos.

Aunque Trump se centró en gran medida en la inmigración ilegal en su retórica y sus acciones, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se habrían aplicado a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la green card, o con estatus de residente permanente.