La Provincia de Salta dio un paso fuerte en materia de control institucional al poner en vigencia el narcotest obligatorio para funcionarios públicos. La medida quedó formalizada a través de la Ley Provincial Nº 8533, promulgada mediante el Decreto Nº 262, luego de que la Cámara de Diputados no se expidiera dentro de los plazos legales.

De esta manera, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026 adquirió rango de ley, tal como lo establece la Constitución provincial, consolidando un esquema de control que abarca a toda la estructura estatal.

El alcance de la normativa es amplio y transversal. Incluye al gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, pero también a legisladores provinciales, jueces, fiscales y autoridades de organismos de control.

Uno de los puntos más relevantes es su extensión a los municipios. Intendentes, concejales y funcionarios locales deberán someterse obligatoriamente a los exámenes toxicológicos, lo que implica que la medida impacta en todos los niveles del Estado sin excepciones.

En cuanto a su aplicación, la ley establece que los controles podrán realizarse de manera periódica o sorpresiva. Este último mecanismo busca evitar maniobras de evasión y garantizar la efectividad del sistema.

Al mismo tiempo, se contemplan garantías para los funcionarios. Entre ellas, el resguardo de la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de discrepancias, asegurando así el debido proceso.

 

La implementación del narcotest obligatorio se inscribe en un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia en la función pública. En ese marco, el Gobierno provincial busca fortalecer los estándares éticos y la confianza ciudadana en quienes administran recursos del Estado.