Por orden del Tribunal Oral Federal 2, todos los inmuebles incautados a Cristina Kirchner y a los demás condenados ya quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti serán quienes definan qué hacer con ese enorme paquete de propiedades.

La Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del propio tribunal está analizando cada caso. Hay dos caminos posibles:

• Uso judicial: podrían destinarse a oficinas, depósitos o sedes de juicios -especialmente en el Sur-.

• Subasta pública: si la Corte no los necesita, se venderán.

Para Salta y el norte del país, esto marca un precedente fuerte: la Justicia nacional está acelerando los procesos de recuperación de activos de causas de corrupción, algo que también impacta en investigaciones locales donde se discute el destino de bienes secuestrados.

Qué dijo el fallo original

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión (que cumple en domicilio) y perpetua inhabilitación para cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
En ese marco, el fallo que ordenó el decomiso fue contundente: los bienes de los condenados "resultaron beneficiarios de los efectos del delito", por lo que deben ser recuperados para evitar que la maniobra genere ganancias.

La resolución también subrayó que el decomiso cumple una función de "reparación del daño social causado" y forma parte de la política argentina de recuperar activos de la corrupción, tal como exigen las convenciones internacionales sobre el tema.

Qué pasa con bienes en manos de terceros

El texto judicial aclaró que cuando los bienes están en manos de personas o empresas no condenadas, solo se decomisan si fueron "beneficiadas por el producto o el provecho del delito", o si los recibieron gratis.
El objetivo: que nadie quede con propiedades obtenidas gracias a una maniobra ilícita.

Un patrimonio millonario

El decomiso incluye 122 inmuebles que el Ministerio Público Fiscal identificó como:

• instrumentos o productos del delito,

• o activos incorporados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se desarrolló la maniobra investigada.

El monto original del decomiso era de $84.835 millones, pero luego los peritos contables lo actualizaron a $684.990 millones, cifra que la Corte ratificó.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó avanzar con la ejecución.

 

Para los vecinos de Salta, este tipo de decisiones marca hacia dónde va la Justicia federal: más presión sobre los bienes de casos de corrupción y menos margen para dilaciones.

Para dimensionar el monto de la deuda, si se la convierte a dólares ronda los US$489 millones. Y si se compara con el valor del departamento donde la ex presidenta cumple su condena, estimado en unos US$300.000, sería necesario el equivalente a unos 1.602 departamentos similares para pagarla.