En una medida que promete generar controversia, el Gobierno Nacional decidió eliminar entre 120.000 y 160.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, como resultado de una auditoría exhaustiva realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta acción responde a la detección de irregularidades significativas en la concesión de estos beneficios, con el objetivo de garantizar que solo quienes realmente lo necesitan continúen recibiéndolos.

La auditoría reveló que, de 2.559 casos revisados, apenas el 7% cumplía con los requisitos necesarios para recibir la pensión. Entre las irregularidades encontradas, destacan la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no presentaban una condición de invalidez laboral, lo que evidenció fallas graves en los controles previos.

La decisión de eliminar estas pensiones apunta a corregir un sistema que, según las autoridades, se vio afectado por prácticas fraudulentas y la falta de rigor en la verificación de los beneficiarios. El gobierno busca, con esta medida, focalizar los recursos en quienes realmente dependen de este apoyo para subsistir.

En una conferencia de prensa, Manuel Adorni había mostrado las radiografías de las irregularidades en las pensiones por invalidez.