La Justicia de Salta imputó al abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona en el marco de una investigación por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada. La causa, encabezada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, se originó a partir de anomalías detectadas dentro del propio sistema judicial.

Una trama que se gestó dentro de los tribunales

El punto de partida de la investigación fue una alerta surgida en juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, donde comenzaron a detectarse irregularidades reiteradas en expedientes impulsados por una misma parte y con idéntico patrocinio legal. 

Con el paso de los meses, esos indicios iniciales se transformaron en una causa de alto impacto, tras advertirse patrones que incluían domicilios repetidos para distintos demandados, coincidencias entre direcciones de actores y demandados y notificaciones que nunca lograban concretarse.

A partir de esos elementos, la Unidad de Delitos Económicos Complejos avanzó con un análisis exhaustivo de más de 70 expedientes judiciales, junto con tareas de campo y entrecruzamiento de datos que permitieron delinear una hipótesis más amplia sobre el funcionamiento del presunto esquema.

La mecánica: pagarés, domicilios falsos y juicios sin defensa

Según la acusación, la operatoria se habría basado en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica, a quienes se les otorgaban préstamos informales bajo condiciones abusivas. En ese contexto, se les exigía la firma de pagarés en blanco que luego eran completados con montos y datos presuntamente falsos o desproporcionados.