Hay crímenes que trascienden una condena y quedan grabados para siempre en la memoria colectiva. En Salta, uno de ellos es el de Thiago Quipildor, el niño de cuatro años cuya muerte expuso una cadena de violencia, abandono y desprotección que conmocionó a toda la provincia.

A once años de aquel hecho, su historia continúa siendo una de las heridas más profundas del sistema judicial salteño. No solo por la brutalidad de lo ocurrido, sino porque obligó a revisar cómo funcionaban los mecanismos estatales destinados a proteger a niños en situación de vulnerabilidad.

Un hogar que debía protegerlo

Thiago había sido incorporado a un sistema de acogimiento con la finalidad de recibir cuidados y contención. Sin embargo, durante el juicio quedó acreditado que el niño sufrió un prolongado proceso de maltrato físico, abandono y desnutrición mientras permanecía bajo la responsabilidad de la pareja integrada por Patricia Alejandra Sánchez y Víctor Marcelo Senise.

Las pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) revelaron un dato estremecedor: el cuerpo del pequeño presentaba 276 lesiones de distinta antigüedad.

A esos informes se sumaron los testimonios de vecinos, quienes describieron situaciones reiteradas de violencia y malos tratos.

Un testimonio que conmovió al tribunal

Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la declaración de Magalí, la hermana de Thiago, realizada mediante Cámara Gesell.

Su relato permitió reconstruir parte de los últimos momentos de vida del niño y fue considerado una prueba relevante durante el proceso judicial.

También fue determinante el testimonio de la abuela de ambos, Ofelia Molina, quien recordó el estado en el que encontró a su nieto.