El caso ocurrido en Catamarca, donde una estudiante denunció agresiones reiteradas y la difusión de material privado entre compañeros, volvió a poner en discusión qué deben hacer los colegios cuando aparecen señales de bullying o ciberbullying.

La situación tuvo fuerte repercusión después de la circulación de un video en redes sociales y derivó en investigaciones administrativas y judiciales. A partir de ese episodio surge una pregunta que también alcanza directamente a las familias salteñas: ¿qué obligaciones tienen las escuelas de Salta frente a un caso de acoso entre alumnos?

En la provincia existe un Régimen Provincial de Intervención Obligatoria ante Situaciones de Acoso Escolar, Ciberacoso y Violencia entre Pares, creado por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta mediante la Resolución N° 115/26, publicada en mayo de 2026. La normativa se aplica a establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privados, en los niveles y modalidades de educación obligatoria.

Qué tiene que hacer una escuela de Salta

De acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, las autoridades escolares deben actuar de manera inmediata cuando detectan, conocen o incluso presumen que existe una situación de acoso.

Esto significa que no hace falta esperar a que exista una denuncia formal o a que el hecho esté completamente comprobado para intervenir.

El régimen establece además que la prioridad debe ser proteger a los estudiantes involucrados, garantizar su integridad, mantener la confidencialidad y evitar nuevas situaciones de exposición o estigmatización.

Las familias también deben participar

Otro de los puntos expresamente incluidos en la Resolución 115/26 es la corresponsabilidad familiar.

Según explicó oficialmente Educación, los padres o tutores deben concurrir a la institución cuando sean convocados y participar de las medidas definidas para abordar el problema.

Si los adultos responsables se niegan a colaborar, la escuela puede solicitar la intervención de los organismos judiciales competentes.