En una medida sin precedentes, el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro ha dictado prisión preventiva para dos altos funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta. 

Los detenidos enfrentan graves acusaciones de solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario, y uno de ellos, además, está provisionalmente imputado por la comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en un lugar de detención.

La Unidad Fiscal, liderada por Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, ha sido la encargada de llevar adelante la investigación que ha llevado a estas detenciones.

El primero de los funcionarios fue arrestado el 15 de febrero en un allanamiento vinculado a la causa que investiga el presunto pedido de dinero a cambio de otorgar beneficios a los reclusos, así como la facilitación del ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes. Además de las acusaciones de concusión, se le imputa la comercialización de estupefacientes en el lugar de detención. A pesar de la solicitud de su abogado para la prisión domiciliaria, esta fue denegada durante la audiencia.

El segundo funcionario, detenido el 6 de diciembre pasado por exacciones ilegales agravadas (concusión), tuvo su prisión preventiva ratificada por el juez de Garantías 3, quien determinó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

Estas detenciones marcan un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, enviando un claro mensaje de que las prácticas ilegales dentro de las instituciones penitenciarias no serán toleradas. La sociedad salteña espera que estas acciones judiciales contribuyan a garantizar la transparencia y la legalidad en el sistema penitenciario de la provincia.