Las localidades de Orán y General José de San Martín atraviesan horas de altísima tensión institucional y económica a raíz de los recientes cambios operativos dispuestos por el Gobierno Nacional en la zona limítrofe con Bolivia. Históricamente, la vida de los pueblos fronterizos se ha cimentado sobre el fluido intercambio comercial de subsistencia, una dinámica que contiene socialmente a miles de familias ante la falta de empleos formales en la región. 

Sin embargo, la irrupción de nuevas reglas de control aduanero paralizó la actividad, encendió la mecha de las protestas populares y llevó a los gobiernos locales a tomar cartas en el asunto.

En un hecho sin precedentes, los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza acudieron formalmente a la Justicia Federal de Salta para presentar una acción de amparo colectivo solicitando la suspensión urgente de la Resolución General 5910/2026 emitido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

Las comunas señalan que la entidad nacional incurrió en una flagrante extralimitación de sus funciones recaudatorias y operativas, arrogándose facultades que el Código Aduanero otorga en exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional para fijar prohibiciones económicas.